30 de agosto de 2025
Para su consideración:
En nuestra entrega anterior, analizamos la modernización de la infraestructura central del mercado: bolsas, cajas de valores y cámaras de compensación. Hoy, cerramos nuestro módulo sobre la infraestructura del mercado examinando el rol de un actor clave para la confianza de los inversores: el auditor externo.
El Proyecto de Ley “Mercado de Valores y Productos” (el “Proyecto LMVP”) no solo mantiene esta figura, sino que la eleva a una nueva categoría, transformándola de un proveedor de servicios a un sujeto supervisado con mayores responsabilidades.
El Título XIV del Proyecto LMVP dedica un capítulo específico y detallado a los auditores externos, definiéndolos en su Artículo 291 como «sociedades que… prestan servicios de auditoría externa a los supervisados.»
Esta es una expansión y formalización significativa del marco anterior. La Ley N° 5810/17 (Arts. 152-153) regulaba la figura del auditor externo, pero lo hacía principalmente en el contexto de las Sociedades Anónimas de Capital Abierto (SAECA). El nuevo proyecto amplía y profundiza su rol.
La nueva ley transforma al auditor externo en un sujeto supervisado más del mercado de valores, con un estatus similar al de un intermediario o una calificadora de riesgo.
- De Proveedor a Supervisado: El cambio más importante es que los auditores externos ahora deben inscribirse en el registro de la SIV y quedan bajo su supervisión directa. Ya no son solo responsables ante la asamblea de accionistas que los contrata, sino también ante el regulador.
- Ámbito de Aplicación Universal: La obligación de ser auditado y la supervisión sobre los auditores se extiende ahora a todos los «supervisados» del mercado, no solo a los emisores. Esto crea un estándar de auditoría uniforme y eleva la calidad de la información financiera en todo el sistema, desde las casas de bolsa hasta las administradoras de fondos.
- Mayores Facultades para el Regulador: La ley otorga facultades explícitas a la SIV para supervisar el trabajo de los auditores, acceder a sus papeles de trabajo y dictar normas sobre el contenido de sus dictámenes. Esto aumenta la presión sobre las firmas de auditoría para realizar un trabajo riguroso e independiente, sabiendo que su labor será escrutada directamente por la autoridad.
En definitiva, la ley eleva el estándar de la auditoría externa en el mercado. Al aumentar la responsabilidad de las firmas de auditoría y dar al regulador herramientas para fiscalizarlas, se busca fortalecer uno de los pilares de la confianza del mercado: la fiabilidad de la información financiera que reciben los inversionistas.