Opinión Jurídica

27 de agosto de 2025

Para su consideración:

En nuestra entrega anterior, analizamos cómo el Proyecto de Ley “Mercado de Valores y Productos” (el “Proyecto LMVP”) simplifica el régimen de faltas administrativas a solo dos categorías: leves y graves. Hoy, en la decimosexta parte de nuestra serie, examinamos el correlato de esa simplificación: el aumento exponencial de las multas y sanciones, una modificación que transforma por completo el cálculo de riesgo para las entidades y sus directivos.

Los Artículos 316 y 317 del Proyecto LMVP establecen una nueva y mucho más severa escala de multas para las faltas graves:

1. Para Personas Jurídicas: Multa de 101 hasta 5,000 salarios mínimos, o alternativamente, entre el 20% y 50% del monto de la operación infractora.
2. Para Personas Físicas: Multa de 50 hasta 500 salarios mínimos, además de la posibilidad de remoción del cargo e inhabilitación por un período de 3 a 10 años.

Este es uno de los cambios más drásticos del proyecto. La Ley N° 5.810/17 (Arts. 195 y 219) establecía multas significativamente menores. El tope para las infracciones más graves («muy graves») era de 300 salarios mínimos para las empresas, y de 200 para las personas físicas.

El aumento en los topes de las multas es exponencial y transforma por completo el cálculo de riesgo-beneficio del incumplimiento.

1. De Costo Operativo a Riesgo Existencial: Sanciones que bajo el régimen anterior podían ser consideradas un costo operativo o un riesgo asumible, ahora tienen el potencial de ser financieramente devastadoras para una empresa. Una multa máxima que salta de 300 a 5,000 salarios mínimos (un incremento de más del 1,500%) cambia fundamentalmente la ecuación.
2. Un Poderoso Efecto Disuasorio: El objetivo de este endurecimiento es claro: crear un poderoso efecto disuasorio que desincentive cualquier desviación de la norma. La ley envía un mensaje inequívoco de que el incumplimiento no será tolerado y tendrá consecuencias severas.
3. La Responsabilidad Personal como Eje del Cumplimiento: La mayor especificidad y dureza de las sanciones para las personas físicas (directores, gerentes, etc.) es igualmente importante. La combinación de multas elevadas y la posibilidad de inhabilitación por hasta una década presiona a los individuos en posiciones de poder a garantizar una cultura de cumplimiento estricta, ya que no solo el patrimonio de la empresa está en juego, sino también su propio patrimonio y su carrera profesional.

Este nuevo régimen obliga a las juntas directivas y a la alta gerencia a priorizar la inversión en cumplimiento, controles internos y gestión de riesgos como una función estratégica crítica para la supervivencia del negocio, y no solo como una obligación formal.